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Mendoza adhiere a los "estados mineros" pero con condiciones
Mendoza ha firmado el acta constitutiva de la OFEMI (Organización Federal de Estados Mineros) formando parte de las provincias argentinas que desarrollan actividad minera, pero respetará la Ley Provincial 7722 que prohíbe el uso de sustancias contaminantes como el cianuro.
Lo seguirá hacienda circunscripta a los preceptos legales vigentes con especial atención a las leyes 7722 y 5961. Así, nuestra provincial posee desarrollos mineros en los tipos de bentonita (hidrocarburos), talco, sales de potasio (fertilizantes), ripios y arenas (construcción), rocas (construcción y ornamento), turbas (cementeras), piedra pómez (construcción), baritina, yeso, cemento, entre otros.
Estos minerales constituyen hoy el centro de nuestra actividad minera y con un gran potencial de crecimiento, especialmente por la radicación de la empresa brasilera VALE que constituye un hito nacional e internacional en términos de inversiones de gran magnitud orientada a la extracción de sales de potasio.
Particularmente la ley 7722, sancionada en el año 2007, impide el uso cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras sustancias toxicas en los procesos de explotación metalífera.
Mendoza no trabaja actualmente en minería metalífera. Ya se ha sostenido y se seguirá sosteniendo el pleno respeto a la vigencia de la ley 7722.
No obstante, propiciar debates serenos y reflexivos sobre nuevas actividades es algo legítimo, tanto como el interés social mayoritario, la priorización de la seguridad y el respeto a las posturas divergentes.
Por ello es que, en este marco, resulta adecuada la firma de este instrumento que pretende en conjunto con las provincias y estado nacional: coordinar acciones y criterios; reafirmar el desarrollo minero sustentable y sostenible; incorporar valor agregado industrial; desarrollar procesos productivos orientados a sustituir importaciones; articular acciones con el sector universitario y científico; capacitar recursos humanos y actuar como órgano que contribuya a la resolución de conflictos en la actividad.
La licencia social es un imperativo en este tipo de proyectos, tanto como la autonomía en la defensa de derechos ambientales y cuidado de los recursos.
Fuente: MendozaOpina.com
